El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al gobierno de Irán a detener de inmediato la represión contra manifestantes, durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos respaldada por más de medio centenar de países. El llamado se produjo tras semanas de movilizaciones masivas y denuncias de graves abusos en el país asiático.
Türk pidió a las autoridades iraníes revertir el uso de la fuerza y expresó alarma por las detenciones a gran escala, así como por la situación de miles de personas arrestadas. La reunión fue promovida por un bloque de naciones europeas y africanas luego de reportes de organizaciones civiles que documentan miles de víctimas, personas heridas, presuntas ejecuciones extrajudiciales y casos de desaparición forzada.
Durante la sesión intervino Payam Akhavan, jurista iraní-canadiense y ex funcionario judicial de la ONU, quien describió los hechos como uno de los episodios más graves de violencia estatal en la historia reciente del país. También solicitó la creación de un mecanismo internacional que permita llevar ante la justicia a los responsables.
De acuerdo con cifras expuestas en el Consejo, el número de personas fallecidas superaría las 3 mil, entre ellas menores de edad. El gobierno iraní, por su parte, atribuyó las protestas a grupos violentos apoyados desde el extranjero y rechazó las acusaciones. Su representante ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, afirmó que Teherán no reconoce la validez de la sesión ni de la resolución adoptada, y defendió la actuación de las autoridades.
El texto aprobado por el Consejo —con el voto favorable de 25 de los 47 Estados miembros— exige el cese de ejecuciones extrajudiciales, tortura y procesos judiciales que no cumplan estándares de independencia e imparcialidad. También pide que nadie sea condenado a muerte por delitos cometidos siendo menor de edad o por cargos que no correspondan a los crímenes más graves según el derecho internacional.
Además, se prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, creada en 2022 para documentar violaciones graves a los derechos humanos. El organismo deberá recopilar pruebas relacionadas con los hechos recientes, con miras a eventuales procesos judiciales internacionales.
Entre los países que respaldaron la resolución figuran Francia, Reino Unido, España, México, Japón, Italia, Colombia y Países Bajos. En contra votaron, entre otros, Cuba, China, India y Pakistán. Algunas delegaciones señalaron inquietudes sobre la viabilidad financiera de extender la misión, en medio de restricciones presupuestarias que enfrenta la ONU.
Durante el debate, varios Estados manifestaron preocupación por el uso excesivo de la fuerza. China calificó la situación como un asunto interno de Irán, mientras que Pakistán, Cuba y Etiopía cuestionaron la utilidad de la sesión especial y de la investigación.
La continuidad efectiva de la misión dependerá de la disponibilidad de recursos, lo que podría incidir en la capacidad de documentar y dar seguimiento a las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos.
