Un análisis sobre la evolución del mercado laboral en México revela que, aunque la participación económica de las mujeres ascendió del 41% al 46% entre 2005 y 2025, la distancia frente a los hombres se mantiene en 29 puntos porcentuales.
Mientras casi ocho de cada diez hombres están integrados a la fuerza de trabajo, el ritmo de inclusión femenina sigue siendo insuficiente para cerrar la brecha en el corto plazo, una situación que se ve agravada por condiciones de informalidad y una marcada disparidad salarial que persiste en todo el territorio nacional.
De acuerdo con los indicadores actuales, la desigualdad no solo se manifiesta en el acceso al empleo, sino en la calidad del mismo, dado que el 55% de las mujeres ocupadas se encuentran en la informalidad, careciendo de seguridad social y estabilidad.
Esta precariedad se refleja directamente en los ingresos: por cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer recibe en promedio 86 pesos, lo que consolida una brecha salarial del 14%.
Este fenómeno está estrechamente vinculado a la carga desproporcionada de trabajo no remunerado, ya que las mujeres realizan el 73% de las labores domésticas y de cuidados, un esfuerzo que equivale al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, superando incluso la aportación de la industria manufacturera.
El panorama estatal muestra disparidades regionales profundas donde la educación y la seguridad juegan un papel determinante.
Entidades como la Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa presentan los niveles educativos más altos y, en consecuencia, una mayor participación laboral femenina; sin embargo, en estados como Chiapas, la participación cae drásticamente hasta el 30%.
A esto se suma el factor de la inseguridad, pues en regiones como el Estado de México y Colima, más de un tercio de las mujeres ha limitado su movilidad y acceso al empleo por temor a ser víctimas de delitos en el transporte público.
Ante este escenario, herramientas como el Monitor Mujeres en la Economía han cobrado relevancia para diagnosticar la situación específica de las 32 entidades y las 16 alcaldías de la capital.
El informe concluye que ninguna entidad federativa ofrece todavía condiciones laborales óptimas para el desarrollo pleno de las mujeres, subrayando que el crecimiento profesional femenino sigue condicionado por barreras estructurales que van desde la falta de sistemas de cuidado hasta la persistente segregación ocupacional en sectores de bajos salarios.
