La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la iniciativa de reforma constitucional denominada Plan B, cuyo propósito es disminuir los costos operativos y eliminar privilegios en diversos niveles de la administración pública.
Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria explicó que la propuesta busca aplicar el principio de austeridad republicana para generar ahorros que se destinen a infraestructura social en los municipios.
La iniciativa contempla modificaciones estructurales en los ayuntamientos, estableciendo un límite de entre siete y quince regidurías, además de restringir a una sola sindicatura por municipio.
En el ámbito estatal, la propuesta plantea un tope presupuestario para los congresos locales equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.
Según lo expuesto por la secretaria, los recursos excedentes derivados de estas reducciones se etiquetarán para obras de beneficio público en las mismas localidades.
Respecto a los organismos electorales y el Poder Judicial, la reforma establece que ningún consejero, magistrado o alto funcionario del Instituto Nacional Electoral y tribunales locales podrá percibir una remuneración mayor a la de la persona titular de la Presidencia de México.
Asimismo, se plantea la eliminación de bonos adicionales y seguros de gastos médicos mayores. Para el Senado de la República, el proyecto propone una reducción de gasto progresiva hasta alcanzar un recorte del 15 por ciento.
En materia de participación ciudadana y fiscalización, la propuesta modifica los periodos para solicitar la revocación de mandato, la cual se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
En las leyes secundarias, se incluyen mecanismos para la fiscalización de partidos políticos en tiempo real mediante sistemas bancarizados, la transparencia obligatoria en los sueldos de dirigentes partidistas y la prohibición estricta de recibir recursos en efectivo o provenientes del extranjero.
Presenta Gobierno de México reforma constitucional para reducir gastos en la función pública
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