En entrevista con Iván Mercado, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Blanca Yassahara Cruz García, señaló que el llamado Plan B de la reforma electoral no impactaría directamente en salarios ni en los límites presupuestales actuales, pero sí implicará un desafío logístico sin precedentes para los procesos electorales en la entidad.
La funcionaria explicó que actualmente no existen percepciones dentro del organismo que superen los topes constitucionales, ni el Congreso local rebasa el límite del 70% establecido, por lo que en ese sentido no habría afectaciones inmediatas. No obstante, precisó que el presupuesto para elecciones dependerá de las autorizaciones que se otorguen en cada proceso.
El principal reto, dijo, estará en la organización de las elecciones concurrentes previstas para 2027, donde además de ayuntamientos y diputaciones locales, se sumará la elección del Poder Judicial.
En ese escenario, los ciudadanos podrían enfrentarse a un proceso complejo con hasta nueve boletas: tres correspondientes a elecciones tradicionales (municipales, locales y federales) y al menos cuatro adicionales relacionadas con cargos judiciales, como magistraturas y juzgados.
A ello se suma la posibilidad de que los votantes tengan que acudir a dos casillas distintas, debido a que la normativa impide la participación de partidos políticos en ciertos procesos, lo que obligaría a separar físicamente algunas votaciones.
“Esto representa una complicación para la ciudadanía, porque tendría que trasladarse a dos ubicaciones distintas para emitir su voto”, advirtió.
Cruz García también alertó sobre el impacto que esta complejidad podría tener en la participación ciudadana. Recordó que, aunque en elecciones concurrentes con la presidencia se ha alcanzado hasta un 64% de participación en Puebla, en procesos intermedios el promedio baja a entre 39% y 42%.
Incluso, tomando como referencia ejercicios recientes en estados como Durango y Veracruz, donde ya se implementaron esquemas similares con elecciones judiciales, la participación fue menor, lo que podría anticipar un incremento en el abstencionismo.
Finalmente, la consejera defendió la permanencia de los organismos públicos locales electorales, al subrayar que su experiencia, conocimiento territorial y capacidad operativa son fundamentales para enfrentar los retos logísticos de cada elección.
“Se ha evidenciado la necesidad de que existan institutos electorales en los estados; conocemos las condiciones sociales, políticas y geográficas que inciden en cada proceso”, concluyó.
