El Gobierno de México y el Poder Legislativo lanzaron una ofensiva diplomática y política este 4 de abril de 2026, tras rechazar de manera tajante el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las autoridades mexicanas acusan al organismo de falta de rigor, parcialidad y de ignorar los avances institucionales presentados bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Senado acusa “miopía” y sesgo político
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, cuestionó la solidez del documento y advirtió que la postura de la ONU podría abrir la puerta a “intereses injerencistas”. Castillo destacó que el propio Comité reconoció no haber encontrado indicios de una política de Estado en materia de desapariciones, por lo que calificó de incongruente la petición de llevar el caso ante la Asamblea General.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, fue más allá al calificar el reporte de “inaceptable y tendencioso”. El senador criticó lo que llamó una “miopía alarmante” de la organización:
“Es inaceptable su informe sobre desaparecidos en México mientras guardan silencio cómplice ante las tragedias en Gaza, Ucrania y Líbano. Menos retórica tendenciosa y más coherencia con la paz mundial”, publicó el legislador en sus redes sociales.
SRE cuestiona la validez jurídica del Comité
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un pronunciamiento oficial rechazando el documento, argumentando que omite información actualizada proporcionada por el Gobierno de México en fechas recientes. La Cancillería señaló tres puntos críticos:
- Falta de actualización: El informe no incorpora las reformas legales e institucionales implementadas desde 2025.
- Conflictos de interés: México cuestionó la solidez jurídica de los expertos del Comité y sugirió la existencia de posibles sesgos personales en la redacción del reporte.
- Compromiso institucional: La SRE reiteró que en el México actual no se toleran ni se ordenan desapariciones forzadas desde el poder público.
Contexto del conflicto
El roce diplomático escaló luego de que el Comité de la ONU solicitara al Secretario General remitir de manera urgente la situación de México a la Asamblea General para un seguimiento internacional. El Gobierno de México sostiene que esta medida es desproporcionada y que el organismo internacional está siendo utilizado como herramienta de presión política, ignorando los esfuerzos de búsqueda y fortalecimiento institucional que se han fortalecido en el último año.
