El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la negativa que impedía a la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, registrar como marca oficial el distintivo “Ministra del Pueblo”.
La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA calificó la actuación del IMPI como deficiente, señalando que los argumentos utilizados para negar el registro no se apegaron a derecho. Entre los puntos clave del fallo destacan:
El tribunal determinó que el IMPI no realizó un análisis adecuado y que su decisión fue “ilegal, incongruente e incompleta”.
La resolución subrayó que ya existen registros similares aprobados para otros actores políticos, tales como “Máynez Presidente de México” o “Yunes Mi Senador”, por lo que no había justificación jurídica para discriminar la solicitud de Batres.
Se desestimó el argumento inicial del IMPI, que sostenía que el término podía “inducir al error” al público sobre la naturaleza del cargo judicial.
La batalla legal comenzó en noviembre de 2024, cuando Lenia Batres presentó formalmente la solicitud ante el IMPI. En abril de 2025, el instituto rechazó la petición alegando que la denominación sugería erróneamente un origen de elección popular antes de que se concretara la reforma judicial.
Ante esto, la ministra promovió un juicio contencioso administrativo argumentando que el apodo es una “declaración de principios” y un reconocimiento que la propia ciudadanía le otorgó.
Impacto en la carrera judicial 2026
Este fallo llega en un momento estratégico:
Al ganar el registro de marca, la ministra Batres podrá utilizar el término de manera exclusiva y protegida durante la campaña para la elección judicial que se avecina.
El caso ha generado polémica previa debido a que el trámite fue gestionado por personal de su ponencia, aunque la resolución del TFJA se centró estrictamente en la legalidad del derecho de propiedad industrial.
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