El Gobierno del Estado ha intensificado las labores de fiscalización para garantizar que las administraciones municipales cumplan con la asignación del 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) a tareas específicas de seguridad pública. El Secretariado Ejecutivo ha iniciado los procesos de revisión con mayor antelación en comparación con el ejercicio anterior, con el objetivo de identificar omisiones administrativas de manera oportuna y prevenir que los alcaldes incurran en reincidencias respecto al manejo de estos recursos federales.
De acuerdo con la normativa vigente, el incumplimiento en la correcta aplicación de estos fondos conlleva medidas administrativas directas. El vicealmirante Francisco Sánchez informó que, en aquellos casos donde los municipios no destinen el porcentaje estipulado o no demuestren su ejercicio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asumirá las funciones de vigilancia y control operativo en dichas demarcaciones. Esta medida busca asegurar la continuidad de las operaciones preventivas y de vigilancia en las zonas donde la gestión local no cumpla con los lineamientos financieros de seguridad.
Aunado a la fiscalización del fondo, la autoridad estatal emitió un exhorto formal a las alcaldías para avanzar en la homologación de los salarios de los cuerpos policiacos. Sánchez señaló que la nivelación de los sueldos es un requisito para fortalecer el estado de fuerza, junto con la mejora constante del equipamiento técnico y táctico. Las revisiones actuales incluyen la verificación de que las inversiones se traduzcan en herramientas operativas funcionales para los elementos que integran las policías municipales.
El proceso de supervisión del Secretariado se mantendrá durante los próximos meses como parte del esquema de transparencia y rendición de cuentas. Las autoridades indicaron que la detección temprana de irregularidades permitirá a los ayuntamientos corregir sus planes de inversión antes del cierre del ciclo fiscal, evitando así el retiro de facultades de seguridad o posibles sanciones legales derivadas de la omisión en el cumplimiento del gasto etiquetado para el combate a la delincuencia.
