En entrevista con Iván Mercado, la doctora Claudia Ramón Pérez, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, señaló que la postura del gobierno mexicano frente a señalamientos provenientes de Estados Unidos responde a una lógica institucional, en la que no se puede actuar sin pruebas contundentes.
La especialista consideró que la exigencia de evidencias por parte de la administración federal es una reacción razonable, ya que tomar decisiones bajo presión internacional sin sustento jurídico podría vulnerar la soberanía nacional y el Estado de derecho. No obstante, advirtió que el hecho de que estas acusaciones hayan sido planteadas desde instancias estadounidenses abre escenarios complejos que no deben minimizarse.
“Es un asunto serio, porque difícilmente se haría un señalamiento de este nivel sin algún tipo de respaldo. Esto plantea distintos escenarios que involucran tanto al crimen organizado como a estructuras del poder político”, explicó.
Ramón Pérez subrayó que este contexto coloca a la presidenta en una posición delicada, al enfrentar presiones tanto externas como internas. En caso de que las autoridades estadounidenses presenten pruebas sólidas, dijo, el gobierno mexicano podría verse “acorralado” entre la relación bilateral con Washington y las implicaciones políticas al interior del país.
Asimismo, advirtió que este tipo de situaciones pueden poner en riesgo la credibilidad de las instituciones si no se manejan con transparencia y apego a la legalidad. También destacó que, de confirmarse las acusaciones, el escenario obligaría a replantear estrategias de cooperación internacional en materia de seguridad.
Finalmente, la académica enfatizó que el impacto de este caso va más allá de cualquier partido político o figura en particular, ya que involucra directamente la estabilidad institucional, la soberanía y la imagen de México a nivel internacional.
