En un movimiento que sacude el panorama político nacional este 2 de mayo de 2026, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó formalmente separarse de su cargo de manera temporal. Esta decisión surge como respuesta inmediata a las graves acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lo vinculan con una presunta conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense en colaboración con el Cártel de Sinaloa, organización actualmente clasificada por Washington como “terrorista extranjera”.
A través de sus redes sociales, el mandatario sinaloense rechazó categóricamente los señalamientos, calificándolos de “falsos y dolosos”. Rocha Moya defendió su trayectoria al afirmar que tiene la “conciencia tranquila” y que una vida de trabajo respalda su integridad frente a la presión internacional.
Reacción del Gobierno Federal y la Fiscalía
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y las instituciones de justicia han comenzado a movilizarse ante este conflicto diplomático y legal:
Investigación nacional: La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de sus propias indagatorias y ha solicitado formalmente al gobierno de Washington las pruebas que sustentan sus acusaciones para determinar su validez jurídica en México.
Postura presidencial: Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno “no encubrirá a nadie”, manteniendo una línea de transparencia, aunque defendió la soberanía nacional frente a las amenazas de Donald Trump sobre posibles intervenciones militares directas contra los cárteles en suelo mexicano.
