El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arremetió este miércoles contra el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, acusándolo de ignorar deliberadamente las políticas de su propia administración. El mandatario cubano rechazó las afirmaciones de Rubio, quien negó la existencia de un cerco energético y atribuyó la actual crisis de la isla únicamente a la “incompetencia” del modelo comunista.
Díaz-Canel calificó de “sorprendente” que el jefe de la diplomacia estadounidense desconozca la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 29 de enero de 2026, la cual impone aranceles punitivos a cualquier nación que suministre petróleo a la isla.
El choque de narrativas
La postura de Marco Rubio: Durante una comparecencia esta semana, Rubio sostuvo que “no hay un bloqueo petrolero” y que la escasez de combustible se debe a que Venezuela ha dejado de “regalar” crudo debido a su propia gestión fallida.
La respuesta de Cuba: Díaz-Canel respondió en redes sociales cuestionando la memoria del funcionario: “Sorprende que un alto funcionario no conozca lo estipulado en la Orden Ejecutiva de su propio presidente… Sorprende que no haya escuchado a su [mandatario] y a la vocera de la Casa Blanca referirse al tema”.
Contexto de la crisis energética
La disputa ocurre en el punto más álgido de la “Crisis de Cuba de 2026”. Desde la firma del decreto de Trump en enero, la isla ha enfrentado un desabasto crítico:
Persecución de envíos: Washington ha amenazado con represalias comerciales a países proveedores, lo que ha reducido drásticamente la llegada de buques cisterna.
Impacto social: El gobierno cubano se ha visto obligado a suspender clases, limitar el transporte público y reducir jornadas laborales debido a la falta de diésel.
Suspensión de vuelos: Aerolíneas como Air Canada y Rossiya han cancelado rutas a la isla por la imposibilidad de repostar combustible en los aeropuertos cubanos.
Mientras el gobierno de Trump mantiene la estrategia de “máxima presión” para forzar un cambio de régimen, La Habana denuncia estas medidas como una violación flagrante del derecho internacional que busca provocar un colapso social por hambre y falta de servicios básicos.
