El Gobierno del Estado emitió un pronunciamiento dirigido a gestores e intermediarios del sector transporte, en el que se establece la cancelación de cualquier proceso de asignación de concesiones basado en influencias o acuerdos económicos. La administración estatal determinó que no se otorgarán permisos fuera de los lineamientos legales vigentes, con el objetivo de eliminar las prácticas de intermediación en los trámites de movilidad.
Para dar operatividad a esta medida, se formalizó la creación de una comisión interinstitucional, la cual se constituye como la instancia única facultada para el análisis y la autorización de nuevas concesiones. Este organismo operará bajo un esquema de revisión técnica que busca erradicar la discrecionalidad en la toma de decisiones, centralizando el proceso en una estructura colegiada que impide el contacto directo y aislado con funcionarios públicos.
La estrategia gubernamental tiene como propósito abordar los señalamientos históricos sobre la presunta venta de permisos en la entidad. Al establecer este filtro administrativo, la autoridad busca que cada expediente sea evaluado de forma transparente, asegurando que solo aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos normativos y técnicos puedan acceder a los títulos correspondientes, sin la intervención de figuras ajenas a la institución.
La estructura de esta comisión garantiza que el proceso de autorización no dependa de una sola dependencia, sino de una evaluación conjunta entre diversos sectores. Con esta disposición, el Ejecutivo busca institucionalizar la transparencia en el sector transporte, advirtiendo que cualquier intento de gestionar concesiones a través de canales no oficiales carecerá de validez jurídica y será sujeto a las sanciones que marca la ley.
