Decenas de personas se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana en respuesta al anuncio del Departamento de Justicia estadounidense, que presentó cargos formales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido hace 30 años.
La acusación fue presentada por fiscales federales del Distrito Sur de Florida y apunta directamente al rol que Castro ocupaba en ese momento dentro de la estructura militar cubana. En 1996 era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, según el expediente judicial, habría ordenado o autorizado la operación ejecutada por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana.
El 24 de febrero de 1996, los cazas derribaron dos de tres avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que se dedicaba a sobrevolar el estrecho de Florida para localizar balseros cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos. El ataque causó la muerte de los cuatro tripulantes: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
Los cargos incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, cuatro acusaciones de homicidio y dos cargos vinculados a la destrucción de aeronaves. También fueron imputados otros cinco militares cubanos presuntamente relacionados con el operativo.
El fiscal general interino Todd Blanche describió la acusación como la primera formal en casi 70 años contra el liderazgo superior del régimen cubano por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
La imputación se produce en el contexto de las crecientes presiones del gobierno del presidente Donald Trump para intentar forzar cambios en La Habana.
