La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura contundente respecto al proceso judicial que enfrenta el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, al señalar que para el país es más benéfico recuperar el erario desviado que enfocarse únicamente en encarcelar a los exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.
Durante su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria federal fue cuestionada sobre el estatus de las investigaciones y los trámites de desafuero pendientes contra el actual senador priista. Al respecto, externó que la justicia debe traducirse en un beneficio directo para la sociedad.
¿Encarcelamiento o restitución del daño?
La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que la prioridad de su administración y de las fiscalías en los casos de malversación de fondos debe apuntar a la reparación económica:
Justicia social: Sheinbaum argumentó que para la ciudadanía es mejor que los recursos regresen a las arcas públicas: “¿Qué conviene más al pueblo de México? Que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida y que después, cuando salga, goce de los recursos que se robó”.
El uso de la Extinción de Dominio: Explicó que si los imputados se niegan a devolver voluntariamente el dinero o los bienes mal habidos, el Estado cuenta con herramientas legales sólidas como la extinción de dominio o salidas alternas en los procesos penales para retirarles de forma definitiva las propiedades adquiridas de manera ilícita.
Antecedentes y reformas en camino
La confrontación legal y política en torno al patrimonio del líder priista no es nueva. Cabe recordar que el Gobierno Federal ha respaldado acciones locales, como las expropiaciones de terrenos presuntamente adquiridos con lavado de dinero en Campeche, para destinarlos a fines educativos.
Ante este panorama, la presidenta recordó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal trabaja de la mano con el Congreso en una iniciativa para reformar y agilizar la Ley de Extinción de Dominio, buscando acortar los largos tiempos procesales y garantizar que cualquier inmueble incautado por corrupción sea transferido de inmediato a dependencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción de escuelas e infraestructura comunitaria.
