Luego de que el Pleno del Poder Legislativo diera luz verde al Ayuntamiento de Puebla para privatizar los espacios publicitarios del mobiliario urbano, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en el Congreso del Estado, Guadalupe Vargas Vargas, aclaró que el desfase de más de cinco meses para la aprobación del dictamen obedeció estrictamente a criterios técnico-jurídicos y no a un trasfondo político.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desmintió de manera categórica las versiones que sugerían que la parálisis de la iniciativa respondía a fricciones institucionales o a una supuesta falta de coordinación entre el gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal de la capital, José Chedraui Budib.
Análisis jurídico y leyes de ingresos frenaron el dictamen
Vargas Vargas puntualizó que el expediente, turnado desde las comisiones desde diciembre del año pasado, requirió de una minuciosa revisión por parte de la Dirección Jurídica del Congreso para blindar legalmente el acuerdo, un proceso que coincidió además con la alta carga laboral que implicó la dictaminación de los paquetes fiscales y Leyes de Ingresos de los 217 municipios del estado:
Sin sesgo político: La diputada enfatizó que los tiempos del Congreso son autónomos y responden al desahogo de prioridades legislativas, por lo que descartó que existiera un bloqueo deliberado hacia el gobierno de la capital.
Autonomía municipal: Recordó que el Ayuntamiento tuvo que esperar el aval forzoso de la LXII Legislatura debido a que el periodo de concesión solicitado (10 años) excede el tiempo de gestión constitucional de la actual administración local.
Aval final en el Pleno asegura ingresos millonarios
Tras aclararse los tiempos del proceso legislativo, el dictamen fue finalmente aprobado en el Pleno con una mayoría de 33 votos a favor, permitiendo al gobierno de Pepe Chedraui iniciar la licitación pública nacional para la explotación, mantenimiento y rehabilitación de 401 paraderos de autobús.
Con este aval, las arcas del Ayuntamiento capitalino recibirán una contraprestación inicial mínima de 15 millones de pesos, además de un ingreso anual garantizado de 2.8 millones de pesos. De acuerdo con el proyecto municipal, los recursos recaudados se etiquetarán de forma prioritaria para la adquisición e instalación de infraestructura tecnológica de seguridad, tales como cámaras de videovigilancia de alta definición y botones de pánico enlazados directamente a las centrales de la policía para dignificar los puntos de espera de los usuarios.
