El juez de control de la Ciudad de México decretó el sobreseimiento del proceso penal en contra del empresario Fidel Kuri Grajales, al determinar que las pruebas presentadas no acreditaron la comisión del delito de fraude procesal del que se le acusaba desde agosto de 2023. La resolución judicial deja sin efecto las medidas cautelares dictadas por el mismo juzgador y extingue la acción penal promovida por la filial de Televisión Azteca, firma que reclamaba el pago de un préstamo de 139 millones de pesos otorgado originalmente para mantener la permanencia del club Tiburones Rojos de Veracruz en la Primera División del balompié nacional.
Durante la audiencia celebrada esta semana, la autoridad judicial resolvió que los elementos aportados por la parte acusadora resultaron insuficientes para vincular a proceso al expropietario del equipo veracruzano, quien cumplió una medida de prisión preventiva de dos años y nueve meses en el Reclusorio Norte de la capital del país. El litigio civil y penal se originó tras los reclamos de la empresa arrendadora por el presunto impago del crédito, mientras que la defensa jurídica de Kuri Grajales sostuvo de manera recurrente que el adeudo había quedado liquidado mediante el cobro de activos prendarios, específicamente las cartas de transferencia de los jugadores Sebastián Jurado y Diego “Puma” Chávez.
Especialistas jurídicos analizan los alcances de esta ejecutoria federal, la cual posee carácter definitivo y no admite recursos de apelación posteriores por parte de los demandantes. Tras el fallo favorable, la representación legal del empresario evalúa interponer recursos legales por daño patrimonial y moral en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del grupo empresarial financiero involucrado, derivado del periodo en el que el imputado permaneció privado de su libertad bajo cargos que finalmente no pudieron ser demostrados en los tribunales.
Esta resolución judicial podría incidir de manera directa en los otros frentes legales que el exdirectivo mantiene vigentes en el ámbito deportivo e institucional, entre los que destaca el juicio principal por la desafiliación de la franquicia de fútbol decretada por la Federación Mexicana de Fútbol. Las fuentes técnicas del caso señalan que el desmantelamiento de la acusación por fraude procesal debilita de forma sistemática los argumentos legales que sostenían las penalizaciones económicas y corporativas previas, abriendo la posibilidad de un fallo definitivo en la etapa final de los amparos relacionados con la fianza institucional de diez millones de dólares.
