El gobierno del presidente Donald Trump tiene la mira puesta en el control de la información interna de Washington. La Casa Blanca se encuentra diseñando una estrategia legal para obligar a los empleados federales a firmar acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de frenar de raíz las constantes filtraciones hacia los medios de comunicación.
De acuerdo con un reporte exclusivo publicado por el diario The Washington Post, la administración federal pretende expandir de manera masiva las severas restricciones de comunicación que actualmente ya se aplican en agencias de seguridad nacional como el Pentágono o la CIA hacia el resto de la burocracia civil.
Un cerco total a la información gubernamental
La investigación del rotativo estadounidense se basa en un borrador de la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. (OPM) al que tuvieron acceso directo. El documento propone redefinir de manera drástica el concepto de datos protegidos:
Ampliación de restricciones: La iniciativa busca bloquear por completo la difusión no autorizada de material que sea considerado confidencial, de propiedad exclusiva o de “carácter deliberativo” (discusiones internas, borradores de políticas o minutas de planeación) que aún no haya sido liberado de forma legal y oficial para el público.
Sanciones: Los funcionarios que violen estos acuerdos de confidencialidad podrían enfrentar desde el despido inmediato y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, hasta demandas civiles por daños y perjuicios contra el Estado.
El detonante: La filtración sobre la incursión en Venezuela
De acuerdo con los argumentos legales consignados en el borrador de la OPM, la Casa Blanca justificó la urgencia de estas medidas restrictivas citando los recientes escándalos periodísticos de alto perfil que sacudieron la agenda exterior de Washington.
El documento señala directamente las investigaciones publicadas por The New York Times y el propio Washington Post sobre los detalles de la incursión militar encubierta de Estados Unidos en Venezuela, la cual culminó en la captura y extracción del mandatario Nicolás Maduro. El borrador del gobierno argumenta de forma contundente que la filtración de esos datos clasificados a la prensa no solo entorpeció la diplomacia internacional, sino que “puso en riesgo inminente la vida del personal militar y de inteligencia” involucrado en la operación en territorio sudamericano.
Críticas por presunta censura
El anuncio del borrador ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones civiles defensoras de la libertad de prensa y de los derechos laborales en Estados Unidos.
Analistas constitucionales señalan que intentar amordazar a los empleados federales mediante contratos de confidencialidad privados —un modelo común en las empresas de Donald Trump, pero inédito a esta escala en el sector público— viola las leyes de protección a los denunciantes de corrupción (whistleblowers) y atenta de forma directa contra el derecho a la información consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución.
