El Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) aprobó por unanimidad ordenar una auditoría externa integral a la empresa concesionaria Agua de Puebla para Todos (Concesiones Integrales S.A. de C.V.), derivada de la detección de presuntas irregularidades en el manejo de sus recursos y en el cumplimiento de sus metas de infraestructura.
Ante este escenario, el máximo órgano de gobierno del SOAPAP instruyó formalmente al Poder Ejecutivo del Estado solicitar la contratación inmediata de un despacho contable y de ingeniería especializado e independiente. Este ente fiscalizador tendrá la tarea de desglosar minuciosamente los estados financieros y las bitácoras operativas de la firma privada.
Bajo la lupa: Ingresos, tarifas e inversiones incumplidas
La auditoría externa se enfocará en revisar los rubros más criticados por los usuarios y las organizaciones civiles durante los últimos años, con el fin de determinar el destino real del dinero recaudado:
Fiscalización de ingresos: Se cotejará el flujo total de efectivo que ingresa a la concesionaria a través del cobro de tarifas de agua potable, drenaje y saneamiento en la capital y la zona metropolitana.
Evaluación del plan de inversión: El despacho contratado deberá auditar físicamente si la empresa ejecutó los montos millonarios de inversión en obra pública a los que se comprometió legalmente para mejorar la red de distribución, sustituir tuberías y abastacer a las colonias que sufren escasez crónica.
Plantas de tratamiento de aguas residuales: Se inspeccionará el estado operativo y financiero de las plantas de saneamiento, ante las denuncias de que no operan al 100% de su capacidad, contribuyendo a la contaminación de los ríos de la cuenca.
Un paso firme hacia la rendición de cuentas
La decisión del Consejo del SOAPAP representa el primer procedimiento formal de fiscalización profunda a la concesión otorgada en el año 2013.
Las autoridades del sistema operador puntualizaron que el resultado de esta auditoría externa servirá como base legal e institucional para definir el rumbo de los servicios hídricos en la región, advirtiendo que, en caso de comprobarse fraudes financieros, cobros indebidos o simulación de inversiones, se procederá con las sanciones económicas correspondientes o el inicio de los recursos legales conducentes.
