Puebla se posiciona como el cuarto estado con mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el país, contando con un total de 344,714 establecimientos. Estos juegan un papel crucial en la economía local, contribuyendo con el 80.9% de los empleos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sin embargo, este panorama también refleja ciertas limitaciones. Especialistas en economía señalan que la predominancia de las Mipymes puede resultar en la creación de empleos de baja calidad y poco remunerados, debido a las restricciones y características propias de estos negocios.
En el marco del Día Internacional de las Mipymes, celebrado el 27 de junio, El Sol de Puebla realizó una investigación para explorar el impacto de estos establecimientos en la economía local. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), hasta junio de 2024, Puebla alberga un total de 345,119 compañías formalmente establecidas, de las cuales el 99.8% son Mipymes.
Por tamaño, se detalla que 329,324 negocios son microempresas, con una plantilla laboral de 1 a 10 personas; 13,148 son pequeñas, con 11 a 50 trabajadores; y 2,243 son medianas, con 51 a 250 empleados.

En términos sectoriales, el comercio representa el 45.5% de las Mipymes en Puebla, con 157,001 unidades dedicadas al comercio mayorista y minorista, incluyendo la venta de alimentos, ropa, artículos para el hogar, entre otros.
Otras industrias importantes incluyen las manufacturas con 53,280 empresas, seguido de hoteles y restaurantes con 39,246, y servicios de salud con 12,264.
A pesar de su contribución significativa en empleos, las Mipymes también revelan la incapacidad del estado para atraer grandes inversiones, debido a problemas de infraestructura y seguridad vial. Esta situación puede perpetuar empleos informales y de baja remuneración, dado que muchas de estas empresas no tienen recursos suficientes para ofrecer mejores condiciones laborales.
Expertos como Anselmo Salvador Chávez Capó, de la UPAEP, sugieren que mejorar las políticas públicas y las condiciones de infraestructura podría ser clave para atraer inversiones más grandes y mejorar la calidad de empleo en el estado.





