Caracas, 2 de septiembre de 2024 — Un tribunal venezolano ha emitido una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor que ha disputado las elecciones presidenciales del 28 de julio. González Urrutia, quien ha afirmado ser el legítimo ganador de los comicios, se enfrenta a serios cargos por presunta usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos.
🇻🇪 | URGENTE: Ministerio Público chavista solicita orden de aprenhesión en contra de Edmundo González por los "delitos de forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje a los sistemas electorales y asociación para delinquir". pic.twitter.com/MRSgt0J3po
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 2, 2024
El Ministerio Público venezolano anunció la orden de aprehensión a través de su cuenta oficial en Instagram, destacando que el tribunal de primera instancia ha dictado la medida por “graves delitos”. La solicitud de arresto se produce después de que la Fiscalía pidiera a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emitiera la orden, debido a la falta de comparecencia de González Urrutia ante tres citaciones previas.
González Urrutia, de 75 años, ha sido acusado de no presentarse a las citaciones judiciales, las cuales fueron publicadas en redes sociales por el fiscal general, Tarek William Saab. El fiscal general ha denunciado al opositor por “conspiración” y “usurpación de funciones” en el contexto de una investigación sobre las actas electorales del 28 de julio.
La investigación está relacionada con la publicación de una página web por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición opositora que apoya a González Urrutia. La PUD afirma haber cargado el 83.5% de las actas electorales recopiladas durante la noche de las elecciones, en un intento por demostrar fraude en el proceso electoral. Estas actas, que el gobierno considera falsificadas, fueron divulgadas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como ganador, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela.
