La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este miércoles la decisión de la administración de Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350,000 venezolanos, medida que deja a miles en riesgo de deportación inmediata. El fallo responde a una solicitud de emergencia del Gobierno, que busca revertir la protección humanitaria otorgada durante el mandato de Joe Biden, al considerar que Venezuela ya no representa el mismo nivel de peligro bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Aunque el caso continúa su curso en tribunales inferiores, la decisión del Supremo suspende temporalmente una orden previa de un juez federal en San Francisco que había bloqueado la cancelación del TPS. Esto significa que quienes recibieron el estatus migratorio en 2023 pueden quedar desprotegidos mientras se resuelve el litigio.
“Mi hija y yo no podemos regresar con seguridad a Venezuela. La pérdida del TPS nos deja en una situación desesperada”, expresó E.R., una de las demandantes.
La resolución, emitida por una mayoría conservadora de la Corte, solo contó con el voto en contra de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson. El dictamen invalida temporalmente el fallo del juez Ed Chen, quien había argumentado que la decisión de eliminar el TPS violaba procedimientos legales y podría estar motivada por prejuicio racial. Chen también alertó sobre el daño económico, familiar y social que implicaría esta revocación para miles de familias, además del impacto negativo en la salud y seguridad pública.
La medida, sin embargo, no afecta a los aproximadamente 250,000 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2021, quienes conservarán su estatus y permiso de trabajo.
El TPS es una protección migratoria temporal para personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Su cancelación fue una de las primeras acciones de la política migratoria restrictiva impulsada por Trump.
En su defensa ante el Supremo, el Gobierno argumentó que la extensión de este beneficio “compromete la seguridad nacional y pública”, y que muchos gobiernos locales ya no tienen capacidad para absorber a más migrantes. También se citó el riesgo de infiltración de pandillas como El Tren de Aragua, a la que el Gobierno de Trump ha clasificado como organización terrorista.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la medida asegurando que los venezolanos representan una carga para servicios locales y, en algunos casos, una amenaza para la seguridad pública.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA y abogado de los demandantes, calificó la decisión como una de las más severas en la historia reciente: “Es la mayor revocación de estatus migratorio en tiempos modernos. Que se haya autorizado en una orden tan breve, sin justificación escrita, es alarmante”.
Este caso forma parte de una serie de apelaciones de emergencia presentadas por la administración Trump, que también ha solicitado recientemente eliminar el parole humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Por otro lado, la semana pasada la Corte falló en contra del Gobierno en un caso distinto, al bloquear la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII utilizada durante conflictos bélicos. El Supremo señaló que el Gobierno no notificó adecuadamente sus planes a los migrantes, lo que en la práctica suspende la aplicación de dicha ley.
