María Elena Morera Figueres, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), anunció que gracias a la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país contará por primera vez con una Academia Nacional de Seguridad Pública, la cual unificará la formación de los cuerpos de seguridad en todo el país bajo una visión integral, ética y profesional.
“Esta academia formará a titulares de secretarías de seguridad, fiscales estatales, altos mandos ministeriales, policiales, penitenciarios y personal operativo especializado. Buscamos garantizar un modelo nacional que dignifique y profesionalice la función de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía”, destacó la funcionaria.
Inicia operaciones este 4 de agosto con primera generación
La primera generación estará compuesta por agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El primer grupo de 250 aspirantes iniciará su formación este 4 de agosto, en un programa de nueve meses de duración.
El proceso de admisión ha sido riguroso: desde la publicación de la convocatoria el 31 de marzo, más de 28 mil personas con licenciatura han aplicado, enfrentando filtros que incluyen evaluaciones físicas, médicas, psicométricas, psicológicas, toxicológicas y poligráficas.
En total, mil jóvenes con vocación de servicio ingresarán a la academia este año, como parte de una nueva generación de profesionales de la seguridad con una visión ética, humanista y de amor a la patria.
También formará a altos mandos
A partir de septiembre, la academia ofrecerá también el primer curso especializado para titulares de secretarías de seguridad, fiscalías y altos mandos estatales, fortaleciendo la capacidad institucional en la toma de decisiones estratégicas.
Estándares de calidad para instituciones de seguridad
Además, la nueva ley establece estándares mínimos obligatorios de calidad institucional para todas las policías y fiscalías del país. Ya no solo se evaluará a los elementos de forma individual, sino también a las instituciones como un todo, las cuales deberán contar con áreas mínimas funcionales, procesos certificados y personal capacitado.
Esta reforma marca un cambio estructural en la seguridad pública del país, apostando por un modelo profesional, unificado y evaluable que prioriza el servicio a la ciudadanía.
