El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció el inicio de un proceso judicial contra la concesionaria Agua de Puebla para Todos (Concesiones Integrales S.A. de C.V.).
El mandatario enfatizó que la firma debe demostrar con hechos el cumplimiento de las cláusulas de saneamiento estipuladas en su contrato, señalando que la falta de potabilización de aguas residuales es un factor crítico en la contaminación de la Presa de Valsequillo y la cuenca del Río Atoyac.
Armenta calificó la situación como una “tragedia” heredada de administraciones pasadas, lanzando una fuerte crítica hacia los gobiernos del PAN que autorizaron la concesión en 2013.
El gobernador subrayó que la oposición no tiene autoridad moral para criticar la gestión actual del agua, pues fueron ellos quienes “saquearon al estado” y lo dejaron con una deuda brutal y un contrato “leonino” que ahora complica la revocación del servicio debido a las millonarias indemnizaciones que obligaría a pagar al erario.
Puntos clave del conflicto hídrico:
Incumplimiento de Saneamiento: El gobernador denunció que la empresa cobra por servicios de tratamiento que no realiza efectivamente, permitiendo que agentes tóxicos lleguen a los cuerpos de agua más grandes de la entidad, lo que representa un problema de salud pública.
Política de Estado: Armenta hizo un llamado al Congreso Local para que el rescate de los ríos deje de ser una “moda” y se convierta en una política obligatoria, señalando la complicidad institucional que permitió operar a la concesionaria bajo esquemas que, según sus palabras, “violan la Constitución”.
Plan de Emergencia: Ante el desabasto en diversas colonias, el Gobierno del Estado adquirió 100 pipas para distribuir agua de forma gratuita, buscando romper el mercado de lucro que se ha generado en las zonas donde la red de la concesionaria es deficiente.
Auditoría al SOAPAP: Se ha solicitado una auditoría especial al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla para revisar el endeudamiento heredado y las obras que la empresa habría ejecutado sin la debida autorización.
Con estas acciones, la administración estatal busca transitar de la exhibición pública de las deficiencias a la acción legal directa, priorizando la justicia social y ambiental. El gobernador reafirmó que su gobierno no será “cómplice” de un negocio que antepone el lucro al derecho humano al agua, mientras continúa con los trabajos de limpieza mecánica y oxigenación en Valsequillo como parte de su Plan Hídrico.
