La reciente ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela abrió un debate internacional que también alcanzó al ámbito deportivo, luego de que surgieran cuestionamientos sobre una posible sanción de la FIFA que incluso pudiera derivar en que ese país pierda la sede de la Copa Mundial de 2026.
De acuerdo con los estatutos del organismo rector del futbol mundial, la FIFA mantiene como principio la neutralidad política y únicamente puede intervenir cuando existe injerencia directa de un gobierno en los asuntos internos de una federación nacional, como la administración, elecciones o toma de decisiones deportivas.
Especialistas en la materia señalan que las acciones de política exterior o los conflictos armados no constituyen, por sí mismos, un motivo para aplicar sanciones deportivas. Casos anteriores como los de Kuwait, Pakistán, Kenia o la República del Congo muestran que las suspensiones se han dado cuando los gobiernos interfieren directamente en el funcionamiento de sus asociaciones de futbol.
El antecedente más cercano es el de Rusia en 2022, cuya exclusión de competencias internacionales se dio como una medida extraordinaria coordinada con la UEFA, bajo el argumento de proteger la integridad y seguridad de los torneos, y no de manera automática por lo establecido en los estatutos.
En el escenario actual, no existe una base jurídica clara dentro de la normativa de la FIFA para retirar a Estados Unidos la organización del Mundial 2026 debido al conflicto con Venezuela, ni se tiene conocimiento de procedimientos formales iniciados al interior del organismo.
Hasta el momento, la Copa del Mundo de 2026 se mantiene confirmada con Estados Unidos como sede principal, junto con México y Canadá, conforme a la planeación original del torneo.
