Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondió a una solicitud de transparencia realizada por El Sol de México, revelando que hasta el momento han presentado 296 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). De estas denuncias, 122 están actualmente en proceso de integración, mientras que 174 ya han sido concluidas.
Los delitos más frecuentemente reportados incluyen la impresión ilegal de comprobantes, falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio público, acceso no autorizado a sistemas, y trámites relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
El SAT indicó que entre los presuntos implicados se encuentran personal de diversas áreas, incluyendo Administraciones Generales de Aduanas, Grandes Contribuyentes, Recaudación, Servicios al Contribuyente, Evaluación, Jurídica y de Comercio Exterior. Sin embargo, el organismo argumentó que revelar los nombres podría perjudicar la integridad y el derecho a la presunción de inocencia de los acusados.
“Exponer los nombres de las personas bajo investigación podría afectar su honor y respeto como servidores públicos, además de vulnerar su derecho a la privacidad y presunción de inocencia”, señaló el SAT en su respuesta.
Juvenal Lobato Díaz, profesor de Derecho Fiscal en la UNAM, destacó la ausencia de denuncias contra altos mandos del SAT, lo cual contrasta con la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción en todos los niveles del gobierno.
Sobre el bajo número de resoluciones por parte de la FGR, Lobato explicó que puede deberse a los procesos complejos de investigación o a recursos legales interpuestos por los acusados. Recordó que las sanciones varían según la gravedad del delito, desde amonestaciones administrativas hasta penas de prisión.
Desde enero de 2020 hasta marzo de 2024, el SAT reportó que 37 servidores públicos han sido sentenciados, con penas que incluyen trabajo comunitario, multas considerables y períodos de prisión que van desde seis meses hasta cuatro años.
Juan Pacheco del Río, socio director del despacho De la Paz-Costemalle, comentó que la exposición de prácticas deshonestas y la individualización de responsabilidades son cruciales para disuadir a futuros actores de incurrir en actos de corrupción.
“El nivel de impunidad en México es alarmante. Denuncias como las del SAT sobre corrupción y la identificación de los responsables deberían contribuir a reducir este problema”, concluyó Pacheco del Río.
