La Universidad de Brown destinará 50 millones de dólares a organizaciones de desarrollo laboral en Rhode Island como parte de un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, que permitirá restablecer el financiamiento federal para investigaciones suspendidas y concluir varias investigaciones federales relacionadas con acusaciones de discriminación.
Como parte del acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años, la institución se compromete a adoptar la definición oficial del gobierno de “masculino” y “femenino”, así como a eliminar la consideración de la raza en sus procesos de admisión. A cambio, se restablecerán decenas de subvenciones y contratos federales previamente suspendidos, y el gobierno reembolsará a la universidad 50 millones de dólares en costos federales no cubiertos.
Christina H. Paxson, presidenta de Brown, aseguró que el acuerdo mantiene la independencia académica de la universidad, a pesar de las restricciones alineadas con la agenda del gobierno federal. “Nuestra prioridad durante estas negociaciones fue permanecer fieles a nuestra misión académica, a nuestros valores y a nuestra comunidad”, señaló en una carta a la comunidad universitaria.
El acuerdo pone fin a tres investigaciones federales sobre supuestas prácticas discriminatorias en los procesos de admisión y sobre incidentes de antisemitismo en el campus. Como parte del compromiso, Brown deberá fortalecer sus vínculos con académicos israelíes, promover la inscripción de estudiantes provenientes de escuelas judías y aplicar, antes de finalizar el año, una encuesta externa sobre la experiencia de los estudiantes judíos en el campus de Providence.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que el convenio garantiza que los estudiantes serán evaluados exclusivamente por sus méritos académicos, sin considerar su raza o sexo. Además, el gobierno federal tendrá acceso a información detallada sobre los solicitantes y admitidos —como raza, calificaciones y resultados de exámenes estandarizados— que estarán sujetos a auditorías exhaustivas.
El pacto también prohíbe cualquier preferencia racial en las admisiones, e incluso restringe el uso de declaraciones personales o ensayos que puedan funcionar como sustitutos de criterios basados en la raza. Esta cláusula va más allá del fallo de la Corte Suprema de 2023 sobre acción afirmativa.
El desembolso de 50 millones de dólares por parte de la universidad se realizará en un plazo de diez años y se destinará a fortalecer la fuerza laboral local. A diferencia de acuerdos similares, como el firmado por la Universidad de Columbia —que contempla el pago de 200 millones de dólares e incluye un monitor externo—, el convenio con Brown no contempla supervisión adicional.
En negociaciones paralelas, la administración Trump ha presionado a otras universidades, como Harvard y la Universidad de Pensilvania, para modificar prácticas institucionales y resolver conflictos relacionados con políticas de admisión y libertad académica.
El presidente del Consejo Estadounidense de Educación, Ted Mitchell, calificó el acuerdo de Brown como “un avance” frente a pactos anteriores, aunque advirtió que persisten las presiones federales sobre la autonomía de las instituciones de educación superior. No obstante, el acuerdo con Brown incluye una cláusula que protege su soberanía en temas de contenido académico y currículum, de acuerdo con Paxson.
