La decisión del Gobierno boliviano de eliminar el subsidio estatal a los combustibles derivó este martes en una jornada de violencia en el centro político del país. Una movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) concluyó en choques con la Policía en las inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz, donde se ubican el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. El saldo preliminar fue de al menos cuatro policías heridos, quienes fueron trasladados a hospitales.
A la protesta acudieron cientos de trabajadores, principalmente mineros del sector público y privado, así como maestros rurales y obreros fabriles. Los manifestantes intentaron irrumpir en la plaza desde distintos accesos, retirando vallas metálicas y presionando los cercos de seguridad instalados para proteger el corazón del poder político.
Durante los disturbios se registraron explosiones de petardos y cargas de dinamita, un método recurrente en protestas mineras en Bolivia, lo que incrementó el nivel de peligro en una zona de alta afluencia. En respuesta, las fuerzas del orden emplearon gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar a la multitud y evitar el ingreso al perímetro oficial.
Los enfrentamientos se concentraron en calles del centro histórico como Yanacocha, Comercio, Socabaya y Potosí, y se prolongaron por alrededor de 25 minutos. Tras la dispersión, los grupos movilizados se replegaron hacia la avenida Mariscal Santa Cruz, que permaneció bloqueada durante varias horas, afectando la circulación vehicular y la actividad comercial.
El dirigente minero Andrés Paye, máximo representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, aseguró que la movilización era pacífica y acusó a la Policía de provocar los hechos. “Nosotros estamos aquí y ellos comienzan a gasificar”, declaró, al justificar el uso de explosivos como una reacción defensiva.
Las protestas se originaron en el rechazo al Decreto Supremo 5503, que ordena el retiro total del subsidio a la gasolina y al diésel, vigente por más de 20 años. La medida provocó incrementos de hasta 86 % en el precio de la gasolina y 162 % en el diésel. El Ejecutivo, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, sostiene que la subvención es insostenible y que en 2026 representaría un gasto equivalente al 6.4 % del Producto Interno Bruto.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, defendió la decisión y llamó a reducir la tensión. Señaló que el Gobierno respeta la protesta social, siempre que no se vulneren derechos, y manifestó su disposición al diálogo, aunque criticó que la COB condicione cualquier acercamiento a la anulación del decreto.
Las manifestaciones se extendieron a otras regiones del país. En El Alto se reportaron bloqueos hacia la carretera a Oruro, mientras que en Chuquisaca sectores campesinos realizaron cortes de ruta. Además, la COB anunció una huelga general indefinida, cuyo impacto ha sido desigual.
El conflicto se perfila como el primer gran reto social para el presidente Paz desde que asumió el cargo el pasado 8 de noviembre. Ante la escalada de tensión, la Defensoría del Pueblo desplegó personal para mediar en la zona, mientras comerciantes del centro paceño expresaron preocupación por las pérdidas económicas en una temporada clave previa a las festividades de fin de año.
