En el marco de la conferencia matutina del Gobierno de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la incorporación formal y prioritaria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las operaciones diarias del Gabinete de Seguridad Nacional. Esta alianza estratégica ha permitido asestar un golpe histórico a las finanzas de las organizaciones criminales en el país.
De acuerdo con el balance presentado por el funcionario federal, la intervención de la UIF ha derivado en el bloqueo de cuentas de 1,422 sujetos (tanto personas físicas como morales), logrando congelar una cifra que supera los 4 mil millones de pesos vinculados a actividades ilícitas.
Inteligencia financiera como el eje de la pacificación
García Harfuch enfatizó que la neutralización de los liderazgos operativos en las calles debe ir acompañada de un desmantelamiento económico para que sea efectiva a largo plazo:
Asfixia económica: El congelamiento de estos fondos impide que los grupos delincuenciales continúen financiando la compra de armamento de alto poder, el pago de nóminas a células delictivas y la logística para el trasiego de drogas.
Rastreo del lavado de dinero: La integración de la UIF al gabinete permite cruzar bases de datos bancarias y fiscales de manera inmediata tras la detención de un objetivo prioritario, detectando de forma rápida las redes de prestanombres y empresas fachada que operan en la legalidad.
Coordinación interinstitucional sin precedentes
El titular de la SSPC destacó que este logro es el resultado de una estrecha coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —dependencia a la que pertenece la UIF—, las Fuerzas Armadas (Sedena y Marina) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Con la inmovilización de estos más de 4 mil millones de pesos, la administración federal reiteró que el objetivo central de la nueva estrategia de seguridad no es generar confrontaciones armadas, sino debilitar la estructura patrimonial del crimen organizado y erradicar la corrupción financiera que alimenta la violencia en las regiones prioritarias del país.
