La legisladora Elizabeth Pérez Valdez, representante del PRD, propone ante la Cámara de Diputados asegurar el presupuesto necesario para que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumpla con las responsabilidades relacionadas a los procesos de revocación de mandato y la organización de consultas populares, siempre y cuando se justifiquen plenamente dichos recursos.
La iniciativa, que incluye la adición de un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley Federal de Revocación de Mandato y otro al artículo 35 de la Ley Federal de Consulta Popular, ha sido remitida a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Gobernación y Población para su análisis.
En los fundamentos de la propuesta, la diputada argumenta que el objetivo es evitar que las obligaciones asignadas al INE queden desprotegidas, subrayando que tanto los procesos de revocación de mandato como las consultas populares son derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política.
La propuesta detalla que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual, a través del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, la población contribuye a las decisiones de los poderes públicos sobre temas de trascendencia nacional o regional. Puede ser solicitada por el presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, o al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.
En relación a la revocación de mandato, se define como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos solicitan la conclusión anticipada del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República por pérdida de confianza. Solo procede a petición de ciudadanos en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, representando al menos 17 entidades federativas y el 3% de la lista de cada una de ellas.
La diputada destaca que el INE es responsable, según el artículo 27 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, de la organización, desarrollo y cómputo de la votación en estos procesos, garantizando principios como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en la participación ciudadana.
Enfatiza que esta ley, promulgada en 2021, experimentó su primer ejercicio el 10 de abril de 2022, enfrentando complicaciones debido a la reducción presupuestaria. La legisladora resalta que en agosto de 2021, el INE aprobó un presupuesto precautorio para garantizar recursos en caso de una revocación de mandato o consulta popular impulsada por la ciudadanía. Asimismo, destaca la constante consideración del INE respecto a la gravedad de las consecuencias y la generación de condiciones óptimas para la participación ciudadana.
