La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que el objetivo principal de la propuesta de reforma electoral conocida como Plan B es la eliminación de privilegios en la administración pública.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el sistema político debe ajustarse a principios de austeridad, señalando que ningún funcionario público debe percibir una remuneración económica superior a la de la titular del Ejecutivo Federal.
Sheinbaum Pardo cuestionó la estructura actual de los ayuntamientos y los congresos estatales, calificando como excesivo el número de regidores en los municipios y el presupuesto destinado al funcionamiento de las y los diputados locales.
La presidenta argumentó que estas reducciones son necesarias para optimizar el gasto público y asegurar que los recursos se destinen a programas sociales e infraestructura, en lugar de mantener aparatos burocráticos amplios.
Ante la posibilidad de que la iniciativa enfrente un rechazo en el Poder Legislativo o mediante impugnaciones, la jefa del Ejecutivo Federal manifestó que la ciudadanía será la encargada de juzgar esa determinación.
Según sus declaraciones, la población sancionará políticamente a quienes se opongan a la reducción de gastos en el sistema electoral y gubernamental, al considerar que existe un mandato popular en favor de la austeridad republicana.
