El coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, reveló que la administración estatal ya cuenta con un diagnóstico legal integral sobre la concesión otorgada a la empresa Agua de Puebla para Todos. Los resultados del análisis técnico-jurídico señalan fallas sistémicas que ponen en entredicho la continuidad de los términos actuales del contrato.
Este informe surge como respuesta a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta, quien ha exigido que la concesionaria garantice un servicio digno o enfrente las consecuencias legales correspondientes.
Hallazgos principales del diagnóstico:
Incumplimiento de Inversión: El análisis detectó que la empresa no ha ejecutado el plan de inversión comprometido para la modernización de la red hidráulica y el saneamiento.
Bajos Estándares de Desempeño: Se identificaron desviaciones críticas en la calidad del servicio, presión del agua y atención a reportes ciudadanos, alejándose de los parámetros establecidos en el contrato original.
Fallas en Convenios Modificatorios: El diagnóstico pone especial énfasis en irregularidades detectadas en el tercer convenio modificatorio, sugiriendo que las condiciones pactadas en el pasado no favorecieron el interés público.
Vicios Administrativos: Se reportaron inconsistencias en diversos procesos internos y de gestión que vulneran la legalidad de la operación de la concesión.
¿Qué sigue?
García Parra indicó que este diagnóstico es la base para determinar las acciones legales que emprenderá el Gobierno del Estado. No se descarta una renegociación forzada de los términos o, en caso de persistir las fallas graves, el inicio de procedimientos administrativos más severos para proteger el derecho humano al agua de las y los poblanos.
“El análisis es claro: hay fallas que no se pueden ignorar. La instrucción del gobernador es actuar con firmeza y bajo la ley para que la ciudadanía reciba el servicio por el que paga”, puntualizó el coordinador de gabinete.
