En entrevista con Iván Mercado, Agustín Guerrero, vocero de Morena, confirmó que el partido inició un procedimiento interno contra el presidente municipal de Chignahuapan, luego de la difusión pública de una fiesta privada relacionada con los XV años de su hija y presuntas obras realizadas en la vialidad que conduce al salón de eventos.
El vocero explicó que la decisión fue tomada por la dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, quien solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciar el proceso correspondiente.
Detalló que el procedimiento comenzó tras hacerse pública información sobre la celebración y sobre la pavimentación de una calle cercana al lugar del evento, situación que generó cuestionamientos sobre la congruencia con los principios de austeridad promovidos por Morena.
Agustín Guerrero señaló que el procedimiento contempla la presentación de pruebas y elementos documentales, así como el derecho de defensa del alcalde señalado.
Indicó que una vez presentada la queja, la Comisión debe notificar al involucrado, quien cuenta con cinco días para presentar pruebas de descargo, testimonios y documentación que considere pertinente.
Posteriormente, explicó, se realiza una sesión pública donde se analizan los argumentos a favor y en contra para determinar si existió alguna conducta contraria a los principios y estatutos del partido.
“El asunto no son solamente las personas, sino el daño que puede hacerse a la imagen de Morena”, afirmó.
El vocero sostuvo que Morena busca enviar un mensaje claro a sus militantes y servidores públicos sobre la necesidad de mantener una conducta congruente con los principios de austeridad y “medianía” impulsados por el movimiento.
Asimismo, advirtió que este tipo de situaciones generan una percepción negativa entre la ciudadanía y pueden afectar la credibilidad del partido.
Guerrero explicó que las sanciones contempladas dentro de Morena dependen de la gravedad de la falta y pueden ir desde una amonestación privada o pública hasta la suspensión temporal de derechos partidistas por periodos de 30 días, seis meses o incluso un año.
Finalmente, señaló que este tipo de procedimientos pueden influir en futuras aspiraciones políticas, particularmente rumbo a la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.
