Un bloque bipartidista en el Senado de los Estados Unidos propuso formalmente clasificar el robo y tráfico ilícito de combustibles en México —popularmente conocido como “huachicol”— como una de las prioridades de seguridad nacional más urgentes dentro de la estrategia norteamericana contra el crimen organizado transnacional.
La iniciativa, denominada oficialmente ley Stop Fueling Cartel Violence Act (Ley para detener la violencia alimentada por los cárteles), fue presentada de manera conjunta por la senadora demócrata Jacky Rosen (Nevada) y el senador republicano John Cornyn (Texas). El proyecto busca cortar de tajo los flujos financieros de agrupaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El combustible: El mayor ingreso “no relacionado con drogas”
De acuerdo con los argumentos expuestos por los legisladores estadounidenses, las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos de extracción ilegal mediante la perforación de ductos, el secuestro de camiones cisterna y el contrabando a gran escala, utilizando las ganancias para financiar otros delitos graves:
“El robo y el tráfico transfronterizo ilícito de petróleo crudo, diésel, gasolina y productos derivados del petróleo refinado por parte de organizaciones criminales transnacionales con sede en México constituyen una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”, señala de forma contundente el proyecto de ley.
Por su parte, la senadora Rosen enfatizó que el huachicol se ha consolidado en los últimos años como la fuente de ingresos no derivada del narcotráfico más importante para los cárteles, lo que les permite sostener operaciones de lavado de dinero y expandir su control territorial en ambos lados de la frontera. El senador Cornyn añadió que las ganancias de este mercado negro se utilizan directamente para subsidiar el tráfico de personas y la importación de fentanilo que afecta a las comunidades estadounidenses.
¿En qué consiste la propuesta?
El mecanismo legal impulsado en el Capitolio busca involucrar directamente a las fuerzas de defensa norteamericanas en el rastreo del mercado ilícito de energía:
Informe del Departamento de Guerra: La legislación exigiría al Departamento de Guerra (Defensa) de los Estados Unidos presentar un informe exhaustivo ante el Congreso con recomendaciones tácticas claras para contrarrestar el contrabando de hidrocarburos.
Ataque a la red financiera: Se pretende dotar a las agencias federales de mayores herramientas para identificar los esquemas transfronterizos donde el combustible robado es vendido a precios inferiores a los del mercado legal en EE. UU., evadiendo impuestos y lavando activos a escala internacional.
La propuesta surge en un momento de alta tensión bilateral respecto a las políticas de seguridad y soberanía, y sitúa el robo de recursos energéticos de México en el centro del debate de la política exterior de Washington.
