La organización ambientalista Greenpeace México formalizó una serie de acciones legales mediante denuncias populares ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex). Las demandas exigen deslindar responsabilidades por las omisiones tácticas y el presunto ocultamiento de información en torno al masivo derrame de crudo ocurrido a inicios de febrero de 2026 en la Sonda de Campeche.
www.eluniversal.com.mx
A través de las querellas administrativas, la organización civil solicitó una investigación exhaustiva sobre las decisiones tomadas durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla, quien fungía como director general de Pemex al momento del siniestro, antes de su reciente relevo en la paraestatal.
Un derrame que impactó a cuatro estados
La documentación y el análisis satelital aportados por la ONG exponen la magnitud del desastre ecológico, el cual se dispersó debido a una reacción tardía en el cierre de las válvulas de contención de un ducto marino:
Extensión del daño: Los residuos de hidrocarburos (chapopote) contaminaron de forma directa más de 1,100 kilómetros de litoral, registrándose afectaciones consecutivas desde las costas de Tabasco y Veracruz, hasta Tamaulipas.
Ecosistemas en riesgo: Las manchas de crudo invadieron zonas críticas para la biodiversidad, golpeando directamente áreas de manglares y formaciones del Corredor Arrecifal del Golfo de México, además de paralizar la economía de decenas de comunidades pesqueras.
“Se sanciona la mentira, no el daño ambiental”
Las denuncias de Greenpeace toman como punto de partida la propia admisión de Pemex del pasado 16 de abril, fecha en la que el Gobierno Federal reconoció que funcionarios de la petrolera ocultaron intencionalmente los datos del derrame durante las primeras semanas de la contingencia, lo que derivó en la destitución de tres servidores públicos.
No obstante, la organización ambientalista advirtió que la separación de dichos cargos es insuficiente frente a la crisis:
“Se sanciona la mentira, no el daño ambiental. La salida de mandos medios no exime a la institución ni a sus altos directivos de la responsabilidad por la falta de transparencia, los protocolos tardíos y el impacto socioambiental”, señaló la agrupación.
Las demandas de la organización
Frente a la opacidad institucional, Greenpeace México exige a las autoridades reguladoras el cumplimiento de cuatro puntos medulares:
Determinar el volumen real: Transparentar el cálculo exacto del hidrocarburo derramado al océano, cifra que Pemex continúa catalogando como “no confiable”.
Restauración integral: Obligar a la petrolera a financiar un plan integral de remediación y restauración a largo plazo para los arrecifes y playas impactadas.
Disposición de residuos: Garantizar el confinamiento seguro y técnico de las toneladas de arena y residuos contaminados recolectados durante las faenas de limpieza.
Alertas comunitarias: Diseñar e implementar mecanismos de alerta temprana eficaces para proteger la salud y la economía de las poblaciones costeras ante futuros accidentes industriales.
