El pleno del Congreso del Estado de Puebla dio entrada formal a una iniciativa de decreto enviada por el gobernador Alejandro Armenta Mier para reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado, la cual plantea establecer un límite máximo de 15 regidores en los ayuntamientos de la entidad, impulsando una política de austeridad y optimización en las administraciones municipales.
La propuesta técnica fue entregada formalmente ante el Poder Legislativo por el coordinador de Gabinete del Gobierno Estatal, José Luis García Parra, quien detalló que esta modificación constitucional tiene como propósito central la armonización legal con la reforma electoral federal promovida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para compactar las estructuras de los cabildos en todo el país.
Ajuste en los cabildos: Menos regidores y mayor optimización
De acuerdo con el documento de la iniciativa, la fijación de un tope en el número de regidurías busca poner fin a los cabildos robustos que generan una fuerte carga al erario en demarcaciones con alta densidad poblacional, obligando a una reconfiguración bajo criterios de proporcionalidad:
Tope máximo: Ningún ayuntamiento en el estado de Puebla —incluyendo las zonas metropolitanas y la propia capital poblana— podrá rebasar la cifra de 15 regidores dentro de su cuerpo edilicio.
Alineación federal: La medida se suma a las disposiciones de austeridad republicana que buscan reducir el gasto corriente en los gobiernos locales para reorientar esos recursos públicos hacia obras de infraestructura y programas sociales directos.
Revisarán añejos conflictos de límites territoriales
Durante la misma sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso del Estado turnó a comisiones las solicitudes formales promovidas por diversas autoridades municipales que requieren la intervención del Poder Legislativo para dirimir e iniciar procedimientos de revisión de límites territoriales.
Los ayuntamientos que formalizaron sus peticiones por indefinición en sus colindancias geográficas son:
El municipio de Chinantla en controversia con Piaxtla.
El municipio de Quecholac en diferendo con Palmar de Bravo.
Estas solicitudes fueron remitidas de manera inmediata a la Comisión de Delimitación Territorial del Congreso local, instancia que se encargará de citar a los alcaldes involucrados, revisar las carpetas técnicas e históricos cartográficos para emitir los dictámenes que otorguen certeza jurídica sobre las extensiones geográficas de cada demarcación.
