A partir del pasado viernes 10 de mayo, un grupo de residentes de la junta auxiliar de San Diego Chalma se encargará de extraer, distribuir y cobrar por el servicio de agua, responsabilidad que anteriormente estaba a cargo del presidente subalterno, Ausencio Montes Ramírez. La suspensión del servicio se debió a la falta de pago, por lo que se solicitará a los morosos que cumplan con sus pagos.
Tras dos semanas de conflicto que culminaron con el cierre de la carretera Tehuacán-Teotitlán la noche del miércoles pasado, los residentes acordaron reunirse al día siguiente con las autoridades municipales, el delegado de gobernación del estado y el presidente auxiliar para discutir el motivo de la suspensión del agua potable por 20 días. Montes Ramírez explicó que durante sus dos años de mandato, él asumió los gastos relacionados con la bomba, la cloración y el pago de los trabajadores que abren las válvulas para regular el servicio diariamente.
Según Montes Ramírez, menos del 40 por ciento de los residentes pagan puntualmente, mientras que el resto no lo hace, incluyendo a personas que adeudan hasta 4 años y que son los que más exigen el servicio. La semana pasada, Montes Ramírez advirtió mediante carteles que los morosos serían expuestos públicamente o se les cortaría el servicio por varios días.
A pesar de estas advertencias, los morosos no respondieron, por lo que Montes Ramírez decidió suspender el suministro hasta que pagaran. Los residentes argumentaron que la mayoría sí pagaba y que no había transparencia en la gestión de los recursos por parte del presidente subalterno, además de afirmar que el pozo de la comunidad había sido entregado al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán. Sin embargo, Montes Ramírez mostró un registro de pagos y negó haber entregado el pozo al OOSAPAT, ya que esto no está dentro de sus atribuciones. Les ofreció la responsabilidad si creían que podían gestionar mejor el servicio, entregándoles la responsabilidad.
Por lo tanto, a partir de este viernes, una comisión formada por los inconformes comenzará a cobrar por el servicio y también se encargará de pagar a los trabajadores para que distribuyan el agua. Después de las elecciones, se realizará una asamblea con la comunidad para que decidan cómo se estructura la comisión y si desean que asuman la responsabilidad de la extracción y distribución del agua.
