Un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa provocó un incendio en varios vehículos pertenecientes a los trabajadores reunidos en el Congreso de Guerrero, en el contexto del décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala.
Según los primeros reportes, los manifestantes incendiaron al menos cinco vehículos, entre ellos una camioneta tipo pick-up. El cuerpo de bomberos de la ciudad fue desplegado para controlar el fuego.
Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas. La manifestación es parte de las actividades conmemorativas por los 10 años del caso de los normalistas desaparecidos.
Además de incendiar los vehículos, los encapuchados vandalizaron las instalaciones del Congreso del Estado. Videos en redes sociales muestran cómo utilizaron una camioneta para derribar las puertas del edificio, lanzaron piedras y petardos al interior, e ingresaron al recinto.
En las imágenes se puede observar a los estudiantes en el momento de derribar las puertas y los estallidos de cohetes y explosivos hechos con pólvora.
Portando pancartas con mensajes como: “La lucha de una madre no termina porque un hijo no se olvida”, los manifestantes se congregaron en las afueras del Congreso para exigir el avance en la investigación del caso de los estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre hace una década.
Es importante recordar que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes estaban en Iguala, Guerrero, para recaudar fondos y abordar autobuses con el fin de asistir a la conmemoración del aniversario de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. En su camino, presuntamente enfrentaron una respuesta violenta por parte de la policía municipal y hombres armados.
Los datos indican que, tras los enfrentamientos, 43 estudiantes fueron detenidos y posteriormente desaparecidos. Testimonios y evidencias sugieren que los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. La versión oficial, conocida como la “verdad histórica”, afirmaba que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero. Sin embargo, esta versión ha sido ampliamente cuestionada por expertos, organizaciones de derechos humanos y los familiares de los desaparecidos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó informes que contradicen la versión oficial, destacando irregularidades y tortura en la obtención de testimonios. Con el cambio de gobierno en 2018, se reabrieron las investigaciones y se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Hasta la fecha, las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y localizar a los estudiantes desaparecidos. Se han emitido órdenes de aprehensión contra diversas autoridades vinculadas al caso, incluidos funcionarios de alto nivel y miembros del crimen organizado, pero el caso sigue sin resolverse completamente.
