La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de Javier Milei, ha sido criticada por utilizar términos como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” para clasificar a personas con discapacidad en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Nación. El documento, que data del mes pasado, pero que cobró relevancia este jueves, ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos de las personas con discapacidad.
La Resolución 187/2025, que establece los criterios médicos para medir la invalidez laboral, incluye un apartado titulado “Retardos Mentales”, donde se clasifica a las personas con discapacidad intelectual bajo términos considerados peyorativos y ofensivos. Según el texto, se otorga pensión únicamente a quienes presentan “debilidad mental profunda o mayor”, lo que ha sido calificado como un retroceso en la perspectiva de derechos humanos.
Siete organizaciones argentinas, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron un reclamo administrativo el pasado 3 de febrero, solicitando la derogación urgente de la norma. Argumentan que la resolución viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina (Ley 27.044), y pone en riesgo derechos humanos fundamentales.
