La promesa del presidente estadounidense Donald Trump de ejecutar la mayor operación antiinmigración en la historia del país ha generado una creciente demanda de espacios para detener a miles de personas migrantes. Para algunos, esto representa una oportunidad económica; para otros, un golpe humanitario.
Esta tensión se ha vuelto especialmente visible en California City, una pequeña y empobrecida localidad de California, donde se proyecta la apertura del mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos.
El complejo, propiedad de CoreCivic, uno de los líderes del sector carcelario privado, se encuentra en fase de preparación. La empresa asegura que la operación creará unos 500 empleos y aportará más de 2 millones de dólares en ingresos fiscales para la ciudad.
“Muchos de nuestros residentes ya fueron contratados para trabajar en estas instalaciones”, declaró el alcalde Marquette Hawkins, quien considera que cualquier ingreso que ayude a reconstruir la ciudad es positivo.
Sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos alertan sobre el alto costo social de estas medidas.
“Aquí tenemos inseguridad alimentaria y la gente debe viajar horas para trabajar. Piensan que este centro les va a ayudar, sin entender que es la forma más inhumana de ganarse la vida”, señaló Inishia White, de la Fundación Dolores Huerta.
De acuerdo con el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, más del 80% de las personas migrantes detenidas en EE. UU. permanecen en instalaciones privadas bajo contrato con ICE, la agencia de control migratorio.
“Las compañías de prisiones privadas están lucrando con el sufrimiento humano”, denunció la congresista Norma Torres.
Mientras tanto, Kristen Hunsberger, abogada del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes, afirma que el trato inhumano parece diseñado para desgastar emocionalmente a los migrantes y presionarlos a firmar su deportación voluntaria.
