Además de YouTube, donde se han detectado esquemas de blanqueo de recursos a través de herramientas como Super Chat y Super Stickers, las plataformas Spotify y Twitch también han sido utilizadas por redes criminales para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
De acuerdo con investigaciones internacionales, una de las prácticas más comunes en Spotify consiste en inflar las reproducciones de ciertos artistas mediante bots o cuentas hackeadas, con lo cual se generan pagos legítimos de la plataforma que terminan convertidos en dinero limpio. En Turquía, por ejemplo, se descubrió que grupos criminales utilizaban tarjetas de crédito robadas para donar Bits a streamers en Twitch, quienes luego devolvían parte de los recursos a los delincuentes mientras conservaban otra fracción como ganancia.
Uno de los casos más recientes es el de Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabélico, rapero ligado al Cártel del Noreste en México, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según las autoridades, sus conciertos y regalías en plataformas de streaming eran empleados para financiar directamente a dicho grupo delictivo.
Investigaciones periodísticas también han documentado cómo organizaciones criminales en Suecia utilizaron criptomonedas, adquiridas en operaciones informales, para pagar transmisiones falsas de música en Spotify desde 2019. El objetivo era inflar artificialmente la popularidad de artistas vinculados a estas redes y obtener ingresos legales por sus reproducciones.
En el caso de Twitch, filtraciones en 2021 revelaron una operación en Turquía donde streamers con audiencias reducidas reportaban ingresos desproporcionados, de hasta mil 800 dólares diarios, producto de donaciones realizadas con tarjetas robadas.
Aunque gobiernos de distintos países han seguido estos esquemas durante al menos seis años, en México las autoridades no han puesto la misma atención, a pesar de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha alertado sobre el uso de estas plataformas para actividades de lavado.
Expertos señalan que el crimen organizado ha encontrado en el entorno digital un mecanismo adicional para ocultar el origen de sus recursos, aprovechando vacíos legales y la falta de supervisión en las transacciones electrónicas.
