La desaparición forzada se ha convertido en una de las problemáticas más graves de seguridad en México, con un incremento constante en el número de casos año con año. Este fenómeno está relacionado con una variedad de delitos como la trata de personas, el reclutamiento forzado por grupos criminales, y la explotación laboral, entre otros.
El problema tiene una distribución geográfica desigual: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León concentran el 44.3 % de los casos reportados en todo el país, de acuerdo con datos oficiales.
Hasta mayo de este año, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) documentaba 128 mil 64 personas cuyo paradero se desconoce. Sin embargo, diversos colectivos de madres buscadoras y familiares denuncian que estas cifras no reflejan con precisión la magnitud real del problema.
Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda informa en su plataforma que existen actualmente 133 mil 072 personas desaparecidas, de las cuales 123 mil 796 están clasificadas como desaparecidas y 9 mil 276 como no localizadas.
Organizaciones como la Red Lupa, que se dedican al monitoreo de estas cifras y al análisis del funcionamiento institucional, reportan una cifra ligeramente distinta: 131 mil 654 casos. Especialistas de esta organización subrayan que la respuesta gubernamental ha sido insuficiente tanto para atender la magnitud del problema como para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
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