Un par de días después del fallido intento de arresto del exgobernador Javier Corral Jurado, sus abogados afirmaron que el operativo desplegado en la Ciudad de México por las autoridades de Chihuahua carecía de la autorización necesaria.
En un comunicado publicado en las redes sociales del despacho Schutte y Delsol, los representantes del también senador electo anunciaron que han presentado denuncias contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y su fiscal anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, por presunto abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y privación ilegal de la libertad.
La noche del 14 de agosto, Corral Jurado se encontraba en un restaurante de la colonia Roma en la CDMX cuando fue abordado por seis agentes que intentaban ejecutar una orden de aprehensión por el delito de peculado. Momentos después, Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), llegó al lugar junto con elementos de la corporación para detener la captura.
Las autoridades capitalinas justificaron su intervención señalando que los trámites necesarios para asegurar la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no se habían completado, lo que impidió el arresto y traslado de Javier Corral.
“Los funcionarios de la Fiscalía de esta Ciudad, conforme a Derecho, impidieron una detención ilegal y la comisión continuada de delitos dentro del territorio de su competencia”, subrayaron los abogados de Corral al respaldar la actuación de la FGJCDMX.
Los agentes de la Policía de Investigación de Chihuahua intentaron aprehender a Corral Jurado en base a la orden FGJCDMX/DGSSOJ/SCSOJ/7802/08-2024, emitida por un juez del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua y divulgada por la Fiscalía Anticorrupción.
Ulises Lara explicó que dicha orden era un oficio interno que no otorgaba la autoridad necesaria para llevar a cabo el operativo, ya que la solicitud de colaboración aún estaba en proceso de atención y no había recibido una respuesta oficial. En contraste, el fiscal Abelardo Valenzuela afirmó que el documento tiene las mismas características que otros mandamientos previamente ejecutados en la CDMX.
