Desde el 18 de junio, abogados y trabajadores de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) han estado protestando de diversas maneras para impedir el traslado de expedientes de Puebla a los estados de Tlaxcala y Oaxaca, debido a la desaparición de la junta en el estado.
Afirman que hay un rezago de más de 10 mil expedientes en esta JFCA, muchos relacionados con pensión de invalidez, jubilaciones, viudez, orfandad y despidos injustificados. Por ello, sería imposible para los afectados trasladarse a las entidades vecinas para exigir una respuesta.
Viajar a Oaxaca, según declaraciones a medios de comunicación, significaría un gasto de más de 4 mil pesos para el trabajador cada vez que tenga una cita. Ante la imposibilidad de solventar esos gastos, muchos expedientes podrían quedar inconclusos.
El 17 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la desaparición de la JFCA en Puebla, en Tampico, Tamaulipas y en Torreón, Coahuila. En el caso de Puebla, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social decidió que la Junta Especial 46 de Tlaxcala atienda los juicios en fase de instrucción, y que la Junta Especial 32 en Oaxaca continúe, hasta su conclusión, los que están en fase de dictamen, laudo, ejecución y amparo.
Un día después de la publicación del decreto, los afectados comenzaron a cerrar calles aledañas a la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje. A la protesta se sumaron trabajadores que llevan años reclamando pensiones contra Volkswagen, Audi, Pemex y la CFE.
Exigían, en principio, diálogo con autoridades federales y el compromiso de que no se llevarían los expedientes hasta concluir todos los juicios pendientes. Sin embargo, este martes, tras no llegar a un acuerdo con representantes del gobierno federal, cerraron ambos sentidos de la 31 Poniente, a la altura de la 27 y 29 Sur.
La desaparición de las juntas se hizo oficial el 24 de febrero de 2017, y la resolución de controversias laborales quedó a cargo del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales.
Aunque el 26 de febrero de 2021 el gobierno del estado de Puebla declaró que “los procedimientos en trámite serán concluidos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio”, la junta está a punto de cerrar.
En su rueda de prensa del 25 de junio, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que se comunicó con Marath Baruch Bolaños López, titular de la STPS, para informarle que no fueron notificados sobre cuándo y cómo se iban a dar los cambios en la JFCA.
“Estamos a favor de que todos los expedientes que se tienen en Puebla se liquiden en Puebla. Estaremos en comunicación con la Segob federal y el secretario (Marath), que ha mostrado una gran sensibilidad. Dejamos muy clara nuestra postura de que queremos que se lleve a cabo el desahogo de todos los casos aquí en Puebla”, apuntó el mandatario.
