En entrevista con Iván Mercado, el internacionalista Gerardo Rodríguez Sánchez calificó como un hecho inédito la investigación que autoridades de Estados Unidos habrían iniciado contra funcionarios mexicanos en activo, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y un senador de la República, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El especialista explicó que este caso marca un precedente en la relación bilateral, ya que no se trata de una acusación aislada, sino de un proceso derivado de una investigación prolongada respaldada por un gran jurado en Estados Unidos. Señaló que este tipo de procedimientos implican la integración de pruebas por parte de diversas agencias como la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia y el Tesoro, lo que sugiere que se trata de un expediente robusto con testimonios, inteligencia financiera y declaraciones de testigos protegidos.
Rodríguez Sánchez subrayó que la gravedad del caso también radica en que los señalados se encuentran en funciones, lo que complica el proceso legal y político en México. Indicó que, en caso de formalizarse una solicitud de detención con fines de extradición, corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos suficientes para proceder, además de que se requeriría la intervención de instancias legislativas locales.
Asimismo, advirtió que este escenario podría tensar la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en un contexto de negociaciones bilaterales y cooperación en materia de seguridad. Consideró que el caso representa un desafío para el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, debido a las implicaciones políticas y diplomáticas que conlleva.
Finalmente, el analista señaló que este proceso apenas comienza y podría extenderse durante un largo periodo, al tratarse de un caso complejo que involucra tanto aspectos judiciales como geopolíticos, y que podría impactar directamente en el escenario político nacional.
