En entrevista con Iván Mercado, Felipe Romero, coordinador del área de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que el reconocimiento del derrame de hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos no implica que el problema esté resuelto, sino que apenas abre la puerta a un proceso más amplio de atención ambiental.
El especialista subrayó que, en este tipo de casos, lo primero debe ser la generación de información clara sobre los impactos y daños, para posteriormente implementar medidas urgentes de mitigación, reparación y compensación.
“Se requiere un plan integral de remediación ambiental, además de garantizar el acceso a la información para la ciudadanía, algo que históricamente ha sido limitado en casos de contaminación”, explicó.
Romero advirtió que, aunque la Fiscalía General de la República ya atrae el caso, los hechos podrían configurar delitos ambientales, por lo que corresponde a las autoridades federales y estatales actuar dentro de sus atribuciones para sancionar y, sobre todo, reparar los daños ocasionados.
En ese sentido, insistió en que la separación de funcionarios no soluciona la problemática, ya que el foco debe estar en atender los impactos ecológicos y sociales derivados del derrame.
Sobre los residuos de hidrocarburo acumulados en playas de estados como Veracruz, Tabasco y Campeche, el experto alertó que su manejo inadecuado podría agravar la contaminación, por lo que es indispensable implementar acciones responsables para su recolección, tratamiento y disposición final.
Finalmente, destacó la importancia de aplicar instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales, como base para atender este tipo de contingencias.
