Con 34 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Puebla aprobó una reforma constitucional que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos como vapes, así como el consumo de fentanilo. Durante la sesión pública ordinaria, la medida generó un intenso debate entre las bancadas, dividiendo opiniones sobre sus efectos en la salud pública y el impacto social.
Los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma, asegurando que busca proteger la salud de la ciudadanía. Sin embargo, la bancada de Movimiento Ciudadano manifestó su rechazo, argumentando que la prohibición podría fortalecer al crimen organizado.
La diputada Fedhra Suriano, de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre las consecuencias negativas de la reforma, señalando que no reducirá el consumo de estos productos, sino que fomentará el mercado negro y expondrá a los consumidores a riesgos sanitarios. “Esta reforma perpetúa un enfoque fallido basado en el prohibicionismo”, expresó.
Delfina Pozos, legisladora priista, se sumó a las críticas de Suriano, señalando que el crimen organizado será el principal beneficiario de esta medida al controlar un mercado ilícito multimillonario.
Por su parte, Beatriz Manrique, diputada del Partido Verde Ecologista, respaldó la reforma al destacar que ya ha sido avalada a nivel federal y en diversos congresos locales, lo que la convierte en una medida constitucional.
La reforma, que busca combatir el consumo de sustancias consideradas dañinas, ha generado una amplia discusión sobre sus implicaciones sociales y económicas, dividiendo posturas entre quienes defienden su impacto en la salud pública y quienes alertan sobre posibles consecuencias negativas.
