Corea del Sur levanta ley marcial tras intensa presión política y social
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ordenó este lunes el cese de las actividades militares y policiales asociadas a la ley marcial que había sido impuesta horas antes. La Asamblea Nacional reaccionó rápidamente, aprobando por unanimidad una resolución para derogar la medida. Los 190 legisladores presentes votaron a favor, marcando un desenlace inmediato a una decisión que generó controversia tanto en el ámbito nacional como internacional.
La ley marcial, proclamada por Yoon bajo el argumento de proteger al país de “fuerzas comunistas”, incluyó la suspensión de actividades políticas, la prohibición de huelgas y manifestaciones, y el control estatal de los medios de comunicación. También obligaba a los trabajadores de sectores clave, como el médico, a retomar sus labores bajo amenaza de sanciones legales.
Esta es la primera vez desde los años 80 que Corea del Sur enfrenta una ley marcial, lo que despertó recuerdos de episodios oscuros como la masacre de Gwangju. La medida fue ampliamente criticada por políticos de oposición y exmandatarios, quienes la calificaron como una amenaza directa a la democracia. El expresidente Moon Jae-in la describió como “un ataque grave al sistema democrático”, mientras que Kim Kyung-soo, exgobernador de Gyeongsang del Sur, advirtió sobre el peligro de repetir tragedias autoritarias del pasado.
La comunidad internacional ha seguido de cerca esta crisis, que pone a prueba la estabilidad de una de las principales democracias de Asia Oriental. Aunque la ley marcial fue anulada rápidamente, persisten dudas sobre las implicaciones políticas y sociales de esta decisión y el impacto que tendrá en el mandato de Yoon Suk Yeol, quien ya enfrentaba tensiones con el opositor Partido Democrático de Corea (DPK).
La resolución parlamentaria para levantar la ley marcial representa una victoria para las fuerzas democráticas, pero también un recordatorio de la fragilidad de los sistemas políticos frente a medidas de emergencia. Corea del Sur se enfrenta ahora al reto de restaurar la confianza en sus instituciones y garantizar que el episodio no se convierta en un precedente peligroso.
