El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Antonio López Ruiz, respaldó la aprobación de las recientes modificaciones constitucionales impulsadas por el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, las cuales incluyen el aplazamiento de la elección de jueces y magistrados para junio de 2028 y la creación de mecanismos de control de candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). El legislador poblano sostuvo que estas medidas fortalecen la soberanía del país frente a posibles injerencias extranjeras y blindan los procesos de selección frente a la infiltración de la delincuencia organizada. Asimismo, rechazó los cuestionamientos de las bancadas de oposición tras señalar que el debate parlamentario se extendió por más de 30 horas con el fin de garantizar la participación de todas las fuerzas políticas.
Durante una entrevista concedida al periodista Iván Mercado, el representante del partido aliado al gobierno detalló que la reserva presentada por el coordinador de su bancada, Reginaldo Sandoval Flores, tuvo como propósito técnico evitar que la renovación de los integrantes del Poder Judicial coincidiera de forma directa con los procesos electorales concurrentes o con la consulta de revocación de mandato. López Ruiz precisó que la separación temporal de dichos ejercicios democráticos previene distorsiones en la voluntad popular y organiza el calendario electoral de manera ordenada de cara a las renovación de gubernaturas previstas para los siguientes años en diversas entidades de la República.
Por otra parte, el legislador defendió la adición constitucional orientada a tipificar la intervención extranjera como causal de nulidad en los comicios, tras argumentar que existen antecedentes de actores políticos de la oposición que han vulnerado el marco legal en materia de seguridad nacional. Finalmente, respecto a la nueva comisión de verificación del INE propuesta por la titular del Ejecutivo federal, manifestó que representa un filtro necesario para obligar a los institutos políticos a transparentar los perfiles de sus aspirantes bajo el principio de presunción de inocencia, impidiendo con ello la postulación de personas con vínculos delictivos en las candidaturas del país.
