EE.UU. suspende indefinidamente el procesamiento de solicitudes de beneficios migratorios bajo programas humanitarios
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha decidido suspender indefinidamente el procesamiento de solicitudes de beneficios migratorios para personas que llegaron al país a través de programas de parole humanitario. Entre los programas afectados se encuentran el CHNV para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, así como el programa Unidos por Ucrania y la reunificación familiar (FRP). La medida también impacta a los solicitantes que están a la espera de beneficios ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS).
De acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la suspensión fue implementada como parte de una “pausa administrativa” para permitir “investigaciones adicionales”. La pausa tiene como objetivo revisar posibles preocupaciones relacionadas con el fraude, la seguridad pública y la seguridad nacional.
Programas migratorios bajo revisión
Esta medida afecta a migrantes que llegaron legalmente a Estados Unidos a través de programas impulsados por la administración de Joe Biden, tales como el permiso temporal para ciudadanos venezolanos, y posteriormente para aquellos provenientes de Cuba, Haití y Nicaragua. Los beneficiarios de estos programas debían cumplir con requisitos como la verificación de antecedentes penales, tener un patrocinador financiero en el país y contar con las vacunas necesarias.
Además, la reunificación familiar (FRP), que permitió que migrantes de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba y Haití recibieran permisos de permanencia temporal, también se ve afectada por esta suspensión.
Impacto de la suspensión en los migrantes
La pausa administrativa interrumpirá el procesamiento de solicitudes de inmigrantes que buscaban regularizar su estatus migratorio bajo estos programas, lo que ha generado preocupación entre los beneficiarios. Sin embargo, el DHS justificó la decisión al señalar que esta medida es necesaria para fortalecer los procedimientos de seguridad y asegurar que no se vulneren los protocolos establecidos.
Posibles implicaciones económicas
Por otro lado, la administración Trump también emitió una orden ejecutiva para evitar que los contribuyentes estadounidenses financien beneficios para inmigrantes sin estatus legal. La orden busca terminar con todos los programas financiados por el gobierno federal que otorguen beneficios a inmigrantes indocumentados, aunque no especifica qué beneficios serán eliminados.
Diversos estudios han arrojado cifras encontradas sobre el impacto de los inmigrantes sin estatus legal en la economía de EE. UU. Según la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), los contribuyentes gastarían al menos 182,000 millones de dólares anuales para cubrir los costos derivados de la presencia de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, estudios del Instituto de Impuestos y Política Económica y el Cato Institute sugieren que los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente al sistema de Seguridad Social y consumen menos asistencia social en comparación con los ciudadanos nativos.
Este ajuste en las políticas migratorias refleja el enfoque más restrictivo del gobierno estadounidense hacia los inmigrantes indocumentados, en un contexto de debates intensificados sobre el impacto económico y social de la inmigración en el país.
