La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó formalmente el contenido del documento emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que se señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria señaló que cualquier imputación de esta índole debe estar sustentada en evidencias que cumplan con los estándares establecidos en el marco jurídico mexicano.
En su declaración, la titular del Ejecutivo enfatizó que la demostración de culpabilidad de una persona requiere la presentación de pruebas y documentos con base en la legislación nacional vigente. Según la postura de la presidencia, el análisis de las acusaciones debe realizarse con rigor jurídico para determinar la validez de los señalamientos procedentes del exterior.
Asimismo, Sheinbaum Pardo planteó una interrogante sobre el trasfondo de las acusaciones en caso de que no se presenten los elementos probatorios correspondientes. La mandataria cuestionó cuál sería la motivación detrás de la publicación de dichos documentos si estos carecen de los fundamentos legales necesarios para sostener una responsabilidad penal ante los tribunales.
Este posicionamiento ocurre en un momento de revisión de los mecanismos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos. La administración federal ha indicado que el seguimiento del caso dependerá de la solidez de la información proporcionada por las autoridades estadounidenses y de su congruencia con los protocolos de extradición y asistencia jurídica mutua.
