El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha hecho pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales. El documento legal señala presuntos vínculos directos entre la administración estatal y estructuras del narcotráfico que operan en la región, específicamente con facciones del Cártel de Sinaloa.
La investigación, liderada por agencias federales estadounidenses, detalla una serie de transacciones financieras y reuniones que, según el expediente, ocurrieron entre funcionarios de alto nivel y operadores logísticos de grupos delictivos. La acusación sostiene que se facilitaron rutas de transporte para sustancias ilícitas a cambio de beneficios económicos destinados a campañas políticas y estructuras de poder dentro del estado.
Entre los otros nueve señalados se encuentran miembros del gabinete de seguridad estatal y mandos policiales en funciones. Las autoridades estadounidenses han solicitado formalmente la cooperación del Gobierno de México para proceder con las indagatorias, mientras que se ha emitido una alerta financiera que congela los activos de los implicados que se encuentren bajo jurisdicción de los Estados Unidos.
Hasta el momento, la oficina del Ejecutivo estatal de Sinaloa no ha emitido un comunicado oficial detallado frente a los cargos presentados en el tribunal de distrito correspondiente. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México ha confirmado la recepción de la notificación diplomática, indicando que se procederá bajo los protocolos establecidos en los tratados de colaboración vigentes entre ambas naciones.
